España avanza en nuevas medidas para limitar el acceso de menores de edad a determinados contenidos en internet. El objetivo es reforzar la protección infantil en el entorno digital, pero el debate ya está sobre la mesa: ¿hasta qué punto es realmente posible controlar el acceso online sin afectar derechos fundamentales como la privacidad?
¿Es posible prohibir el acceso a internet a los menores?
Limitar el acceso es factible, pero prohibirlo por completo resulta extremadamente complicado. Internet es un entorno abierto y, en la práctica, existen múltiples formas de sortear los controles.
Un menor puede acceder utilizando una cuenta de un adulto, falsear su edad o incluso emplear herramientas como VPN. De hecho, muchas plataformas solo preguntan la edad al registrarse, y basta con indicar que se tienen 18 años para obtener acceso inmediato.
Por ello, estas medidas pueden servir para reducir el acceso y establecer barreras adicionales, pero no constituyen una solución definitiva ni infalible.
Los obstáculos en la verificación de la edad
Uno de los principales desafíos es la verificación de datos. No existe un método perfecto para confirmar la edad de una persona sin solicitar información personal sensible.
Si una plataforma se limita a preguntar “¿qué edad tienes?”, el sistema se basa en la buena fe del usuario, lo que facilita que cualquiera mienta. En cambio, si se exige documentación oficial o datos biométricos, surge otro problema igual de grave: la privacidad y el riesgo de filtraciones de datos.
El equilibrio entre protección y privacidad es delicado, y cualquier medida mal implementada puede generar más problemas de los que intenta resolver.
Riesgos asociados a estas medidas
Los riesgos no son menores. El primero es que, bajo la premisa de proteger a los menores, se termine creando un sistema de control y vigilancia generalizado para toda la población.
El segundo riesgo es generar una falsa sensación de seguridad. Aunque existan controles, estos pueden ser fácilmente burlados, lo que podría relajar otras medidas de protección más efectivas.
Finalmente, pueden aparecer prácticas irregulares como la cesión, préstamo o incluso venta de cuentas de adultos a menores. Si bien el espíritu de la ley es comprensible y necesario, su aplicación práctica plantea serias preocupaciones en materia de seguridad de datos y efectividad real.
La clave estará en encontrar un punto medio: proteger a los menores sin caer en excesos que comprometan la privacidad y la libertad digital del conjunto de la sociedad.