En el contexto de la querella presentada por Polla Chilena de Beneficencia contra empresas de procesamiento de pagos, el foco del conflicto no se limita únicamente a los sitios web que ofrecen servicios de apuestas o juegos de azar. Estas plataformas digitales, en muchos casos, operan desde el extranjero, utilizando complejas estructuras societarias distribuidas en distintas jurisdicciones y apoyándose en servicios de hosting en la nube que pueden migrar rápidamente entre servidores ubicados en distintos países. Esta arquitectura tecnológica y legal les permite adaptarse con rapidez frente a bloqueos o acciones judiciales, dificultando que una medida dirigida únicamente al dominio logre un efecto permanente.

Desde esta perspectiva, bloquear o cerrar un sitio web específico puede tener un efecto más simbólico que práctico, ya que estas plataformas suelen reaparecer bajo nuevos dominios en cuestión de horas o días. La naturaleza descentralizada de internet y la facilidad para registrar nuevas direcciones web hacen que este tipo de acciones sea comparable a una solución temporal, que no aborda el funcionamiento estructural del negocio. En consecuencia, la intervención directa sobre el dominio no necesariamente impide que la actividad continúe, sino que simplemente la desplaza a otra dirección digital.

Por ello, una estrategia más efectiva desde el punto de vista operativo y regulatorio consiste en intervenir el flujo financiero que sostiene estas plataformas. El verdadero eje de su funcionamiento no es el sitio web en sí mismo, sino la capacidad de recibir y procesar pagos de usuarios. Si se restringe el acceso a los sistemas de pago locales, como bancos, tarjetas o intermediarios financieros, se limita de manera directa la capacidad de estas empresas para operar, independientemente de cuántas veces cambien su presencia en línea. Sin mecanismos de cobro eficientes, el modelo de negocio pierde viabilidad.

En este sentido, la acción legal contra los procesadores de pago busca atacar el núcleo económico del sistema, más que sus manifestaciones visibles. Al actuar sobre los intermediarios financieros que facilitan las transacciones, se genera un impacto más profundo y sostenido, ya que se interrumpe la conexión entre los usuarios y las plataformas. Esta aproximación refleja un cambio estratégico en la forma de enfrentar estas operaciones digitales, priorizando medidas que afectan la infraestructura financiera que las sustenta, en lugar de centrarse exclusivamente en los elementos técnicos que pueden modificarse con relativa facilidad.

Nota aquí: Polla Chilena se querella contra plataformas de pago